jueves, 6 de marzo de 2014

Alberto Lebbos: “El muro se está cayendo…”

El 26 de febrero se concretó una extraordinaria jornada de lucha al cumplirse ocho años del crimen de Paulina Lebbos, con más de 5.000 manifestantes. Comenzó en la plazoleta del Abasto, donde se vio por última vez a Paulina, y siguió en la Plaza Independencia con una radio abierta y un acto que tuvo como único orador a Alberto Lebbos, para culminar con una marcha por las calles céntricas y un festival organizado por LuchArte.
En la jornada participaron por el Partido Obrero, Jorge Altamira, Gabriela Cerrano -senadora provincial del PO de Salta- y Andrea Ruiz, diputada provincial del PO de Santiago del Estero, ambas acompañadas por delegaciones de familiares organizados que también luchan contra la impunidad en sus provincias.
En su discurso, el padre de Paulina destacó que “este 26 es diferente, porque el muro se está cayendo”. Puso de relieve los avances que ha tenido la lucha por el esclarecimiento del crimen y el juzgamiento y condena de los responsables, porque está saliendo a luz toda la trama de encubrimiento político, desde los responsables del Ministerio de Seguridad, el jefe de policía y toda la cúpula policial de aquel entonces y a numerosos oficiales (algunos de ellos ya condenados) hasta el Poder Judicial y el legislativo. Alberto Lebbos denunció distintas acciones de adulteración de actas y pruebas, amenazas a testigos y la negativa a investigar por parte de la Legislatura, con vistas a un juicio político. Hace ocho años, en la Constituyente, Daniel Blanco y Martín Correa, diputados del PO, habían mocionado a favor de una comisión investigadora, que fue rechazada por el oficialismo, el radicalismo y la democracia cristiana. La comisión de enjuiciamiento de la Legislatura desestimó la realización de un juicio político contra el principal fiscal de la causa, cuando un reciente informe de la propia Justicia reveló las faltas y negligencias cometidas en la investigación.
Lebbos denunció que los principales responsables del encubrimiento del crimen de Paulina y de la impunidad, el gobernador Alperovich y su mujer, la senadora Beatriz Rojkés, y desenmascaró las maniobras de uno de sus hijos (Gabriel) que, sin estar imputado, pidió a la justicia que lo declare inocente, mientras el otro hijo (Daniel), sobre el cual están volcadas las sospechas sobre su participación en el crimen, queda fuera de la escena. Destacó el fracaso del gobierno para neutralizar a la Comisión de lucha contra la impunidad, oponiéndole una Comisión de Familiares víctimas de la inseguridad, con la obvia finalidad de sacar del cuadro al poder político y rescatar a la policía como combatiente con el ‘delito’.
El papá de Paulina enumeró varios casos impunes de crímenes aberrantes, donde aparecen vinculados personal policial, punteros o directamente funcionarios de distinto nivel del poder. Destacó el enorme valor de la lucha y de las marchas de todos los martes. En un párrafo de su discurso, destacó la participación del Partido Obrero y saludó a nuestro compañero Altamira.
El vigor, trascendencia y extensión que ha alcanzado la lucha contra la impunidad pone de relieve la profundidad de la descomposición del gobierno y el clima de rebelión popular que se desarrolla en Tucumán. Las marchas ante cada crimen o delito aberrante, con alguna participación policial, son cotidianas. El 13 de diciembre pasado se desarrolló una movilización masiva en la plaza Independencia en repudio a la policía y al gobierno provincial. Ahora se está desarrollando una revuelta de la docencia que reclama un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar.
El discurso de Lebbos, de unos 40 minutos, fue la radiografía más completa de la descomposición del Estado capitalista mafioso de Tucumán

Daniel Blanco

Las trabajadoras no vamos a pagar la crisis

Un centenar de organizaciones de mujeres, políticas, sindicales y estudiantiles convocan a marchar, este próximo 7 de marzo, para conmemorar el día internacional de la Mujer Trabajadora, desde Congreso hasta Plaza de Mayo.

Las consignas principales son: reclamar el tratamiento y aprobación del aborto legal en el Congreso, el rechazo a la aprobación del Código Civil reaccionario pactado con la Iglesia católica y la oposición al plan de ajuste del gobierno; las trabajadoras no vamos a pagar la crisis.

Esto convierte a esta marcha en la primer gran movilización del año contra el gobierno y su orientación contraria a los intereses de los trabajadores y de las mujeres en particular.

En las reuniones de organización, un sector kirchnerista, dirigido por la legisladora del FpV, María Rachid, intervino para circunscribir la movilización a que se pronuncie exclusivamente por el aborto legal y el rechazo al nuevo Código Civil, tema que ha llevado a expresar críticas al gobierno dentro de la FLGBTI (Federación de organizaciones que tributa al kirchnerismo). Con esta crítica no dejan de ser una herramienta de reforzamiento de un gobierno que reprime, paga fortunas a los organismos internacionales y practica el gorilismo con las trabajadoras docentes, los cuales son objeto de ataque presidencial cada 1º de marzo por exigir un salario digno sin extorsiones. El intento de despolitizar la marcha fue acompañado por integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto que aunque su propia experiencia fue la contraria, insisten en creer que la despolitización amplía los horizontes de la lucha por este derecho tan elemental. Se equivocan, no existe posibilidad de despolitizar un reclamo tan político como el de aborto legal. Porque sencillamente no es un derecho negado por capricho sino por profundas razones políticas de alianza con la Iglesia para disponer de una herramienta de disciplinamiento social y los que hacen negocios desde sus consultorios con el aborto clandestino. Para que avance la lucha por el derecho al aborto hay que fijar con claridad un campo de lucha antigubernamental, el principal obstáculo para acceder a ese derecho hoy.

Qué contraste entre la vivencia real de las mujeres trabajadoras y el discurso presidencial de Cristina ‘en el país de las maravillas’ el 1º de marzo en la inauguración de las sesiones del parlamento.

La ausencia de políticas de estado para revertir los ataques contra las mujeres ya no se pueden ocultar más. Y la complicidad del estado en el avance de esa violencia convierte a los responsables políticos en cómplices. Nada hicieron para relevar a la infinidad de agentes policiales y fiscales del Estado que han sido responsables de más del 60% de las muertes de mujeres a manos de parejas o ex parejas en el último año. La incapacidad del gobierno para bajar la mortalidad de mujeres gestantes está íntimamente unida a la alianza del Estado con la Iglesia y al vaciamiento de la salud. Son activamente responsables de estas muertes, que un 60% se producen por causa de abortos clandestinos (sólo las mujeres pobres) o complicaciones del parto que se podrían evitar con una adecuada atención sanitaria. Ni una red de tratantes de personas ha sido desmantelada en estos años, lo que también muestra el pacto entre las fuerzas del Estado y la delincuencia. Cualquier investigación a fondo los hubiera llevado a tocar a grandes capitalistas, los que están detrás del negocio de la prostitución; y a las fuerzas políticas y policiales que los amparan. Incremento de embarazos entre niñas y adolescentes implica un incremento de los ataques sexuales. Todo un cuadro de barbarización social impulsado desde arriba.

El marco de este agravamiento es la política de ajuste del gobierno contra los trabajadores. La inflación y los tarifazos no pueden pasar. Las mujeres ocupan el podio de la precarización laboral. Sin viviendas, con incumplimientos de creación de vivienda popular entre Macri y el kirchnerismo que llevan a cientos de familias a tomar terrenos, algo que se repite en todo el país. Sin escuelas para sus hijos. Sin lugares de esparcimiento deportivo o artístico. Con el paco extendido a todo el país.

Entre las mayorías populares y las privatizadas, el gobierno optó por éstas. Diez mil millones para Repsol, 22% en tres cuotas para las docentes. Nuestra marcha del 7 de marzo va a repudiar la miserabilidad de la política gubernamental.

Todos los trabajadores deben concurrir masivamente a esta cita de honor en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora porque esta será la primer marcha nacional que expresará los intereses de las mayorías populares. El 12 estaremos las mujeres trabajadoras nuevamente en las calles en el marco del paro nacional en la convocatoria realizada por la Coordinadora Sindical Clasista y la CTA. Y el 24 de marzo nuevamente para decir fuera Milani, abajo las políticas represivas del gobierno.

¡Vamos las mujeres que abrimos el camino de la movilización antigubernamental en este 2014! Todos y todas a las calles.

Vanina Biasi

jueves, 27 de febrero de 2014

Dia Internacional de la Mujer Trabajadora

Festival del Frente de Artistas por los derechos de la Mujer Trabajadora...

Gran asamblea del Plenario de Trabajadoras



El gobierno de De la Sota, en sintonía con el nacional, en los últimos años ha profundizado el ataque a los derechos de la mujer trabajadora. Primero, pocos años atrás, mediante una “reforma educativa” suprimió definitivamente la educación sexual laica y habilitó la injerencia de la Iglesia en las escuelas. Luego, anuló el acceso a los abortos no punibles en los hospitales de la provincia. Con la ley de trata provincial cerró las whiskerías, pero otorgó impunidad a tratantes y proxenetas para favorecer el negocio del turismo sexual y la prostitución VIP. Para cerrar el círculo de complicidad, otorgó más facultades al aparato policial corrupto y coimero que participa del negocio de la trata. Después de dos años de la sanción de esta ley -y a cuatro años de la desaparición de Yamila Cuello-, no hay un solo imputado en la causa judicial, que es el único caso caratulado como trata de personas en la provincia.

Esta avanzada sobre nuestras condiciones tiene como telón de fondo la precarización laboral, los salarios de miseria, los despidos y suspensiones, la destrucción de los servicios públicos y el creciente déficit habitacional, situaciones en que las mujeres somos principales rehenes.

En el marco de la campaña hacia la jornada nacional del próximo 8 de Marzo, realizamos en Córdoba una asamblea del Plenario de Trabajadoras que resolvió movilizarse a Casa de Gobierno.

La asamblea contó con la concurrencia de docentes, municipales y trabajadoras de la salud. Cabe destacar la participación de una delegación de trabajadoras de los trolebuses, las que enfrentan el vaciamiento y los despidos en la empresa Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) de la ciudad de Córdoba. Concurrieron también estudiantes universitarias, terciarias y secundarias, que abordaron con gran entusiasmo la campaña por el 8M.

Entre las iniciativas políticas, culturales y artísticas, destacamos la concentración que realizaremos frente al Ministerio de Salud de la provincia, con la presencia de la legisladora del Frente de Izquierda Cintia Frencia, para reclamar por la aplicación del aborto no punible. También resolvimos una jornada de la mujer trabajadora en la universidad, que culminará en una gran charla debate sobre aborto y la reforma de los códigos Civil y Penal.

La crisis nacional está agravando las condiciones de vida de la mujer y la familia trabajadora. Este 8 de Marzo será, más que nunca, una jornada de lucha nacional por el aborto legal y por cada uno de nuestros reclamos pendientes.

¡Vamos por una gran movilización en Córdoba y en todo el país!

Soledad Díaz García (Plenario de Trabajadoras- Córdoba)