Aborto Legal

Que se apruebe el aborto legal en el Congreso

La Guía para abortos no punibles constituye un cuerpo de instrucciones del Ministerio de Salud a los médicos de los hospitales públicos para actuar ante casos de abortos no punibles: cuando corre riesgo la vida de la madre, cuando no es viable el feto y cuando el embarazo es producto de una violación.
Ahora, “se actualizó”, según declaró en Nueva York la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y según se pudo ver en la propia página del Ministerio.
Unos días después, el ministro Manzur desmentía la firma de esa ‘actualización’ y ratificaba la guía elaborada en el 2007. El tema generó una crisis dentro del gobierno.
La Presidenta y Manzur habían dado marcha atrás. “Respecto de la posibilidad de legalizar la interrupción de un embarazo no deseado: “Ustedes ya saben lo que pienso, que no”, dijo la Presidenta el jueves en Pekín” (La Nación, 21/7).
La actualización de la Guía pretendía sustituir el debate del aborto legal en el Congreso.
Sobre la nula efectividad de este tipo de normativas dan cuenta el propio protocolo que está aprobado desde el 2007 y las múltiples reglamentaciones locales que se sucedieron en estos años, aunque algunas de ellas alivianaron la responsabilidad médica sobre el tema. Sin embargo, no pueden suplir la sanción de una ley; “(...) las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las garantías establecidas por el artículo 86, agregando condiciones incumplibles en un sistema de salud desmantelado”, decíamos en una nota de la compañera Olga Cristobal en junio de 2007 (po.org.ar/node/5590). Algunas de las críticas que hicimos en soledad ese año fueron tomadas en la Guía modificada que no prosperó.
La reciente aprobación del matrimonio homosexual ya produjo fisuras políticas en el oficialismo y en la oposición, que ambos trataron de esconder detrás de la llamada “libertad de conciencia”, por lo que nadie quiere tocar el tema del derecho al aborto. El tratamiento desigual de uno y otro desmiente que los partidos patronales tengan una posición progresista en torno a los derechos políticos.
Las personas que consideran que hay que despenalizar parcial o totalmente la práctica del aborto representan, sin embargo, casi al 70% de los encuestados (La Nación, 22/7 encuesta de Mora y Araujo).
El kirchenrismo le da espalda al tratamiento de este derecho de las mayorías de mujeres de la misma forma que se empecina en frenar el 82% móvil para los jubilados.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir. Que se trate y se apruebe en el Congreso el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de subsidios a la curia.

Vanina Biasi

Denuncia de la Concejal Cerrano del Partido Obrero Salta Capital

En los barrios la trata de personas es una preocupación de todos los días

Las historias que corren de boca en boca sobre desaparición de mujeres adolescentes y jóvenes se multiplican en los barrios marginales de Salta, pero sólo en contadas ocasiones son denunciadas como casos de trata de personas.

Sábado, 24 de Julio de 2010. 21:12hs.

Según el Partido Obrero, que llega el registro de los casos, sólo los casos de tres mujeres aún desaparecidas han sido denunciados como tales. Pero asegura que son muchísimos más. En medio del frío de la semana, en una reunión realizada en el barrio Solidaridad para advertir sobre los riesgos de la "trata de personas", una mujer contaba una de las tantas historias de jóvenes que un mal día desaparecieron de sus casas. "Aquí mismo una chica comenzó a comunicarse por Internet con un hombre, que un día le dijo que se vaya con él. Se fue, porque aquí vivía en la pobreza, y nunca más la familia supo de ella", señaló una señora durante el encuentro. El caso no está documentado en ninguna denuncia policial, y abona la explicación que más abunda en estos casos: "Se fue con el novio". Pero para la concejal Gabriela Cerrano, es una frase que suele repetirse en las comisarías y que oculta una realidad mucho más grave que las autoridades están dispuestas a aceptar. "El ministro Kosiner ha dicho hace poco que la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia ha rescatado a 70 personas desde su creación. Teniendo en cuenta que esa división funciona desde hace poco más de un año, la cifra es llamativamente alta", señaló Cerrano. Las cifras contrastan con los contados casos que son denunciados como secuestros para trata de personas. Cerrano señala los nombres de María Esther Maidana, de 28 años, desaparecida en el barrio San Benito en diciembre de 2008, y de Cinthia Jurado, del barrio Limache, a la que no se vio más desde febrero de 2009. Y agrega el caso de Mabel Guerra, de 30 años, desaparecida en 2009 de Apolinario Saravia. Pocos casos, para la cantidad de mujeres rescatadas por división policial de trata de personas. "Lo que ocurre es que en las mismas dependencias policiales se desalienta la denuncia por trata de personas. Allí la primera explicación es que la joven seguramente se fue con el novio. O simplemente se asienta como una fuga de hogar." Así se había registrado en 2009 la desaparición de dos nenas de 14 y 15 años en Joaquín V. González, que en septiembre de ese año fueron encontradas en una playón de estacionamiento de camiones en Pampa del Infierno, provincia de Chaco. Pero aunque las crónicas periodísticas del momento señalaban que las investigaciones policiales se habían iniciado por las recurrentes denuncias de fugas del hogar, ningún otro rescate de esos casos tomó estado público. "Y en realidad, recuerda Cerrano, las niñas fueron rescatadas después de la denuncia de un camionero. Porque la mayoría de los rescates han sido posible por la denuncia de los particulares". Una condición que favorece la trata de personas, hace también que los casos sean poco conocidos, y muy difícilmente resueltos. "Quienes trafican con las personas saben muy bien que una familia que vive en la pobreza no tendrá recursos para movilizarse, para buscar a la joven .Ni siquiera para ir a la Ciudad Judicial. Y mucho menos para contratar un abogado. Es, lo que hace un siglo se llamaba "trata blancas" de, mujeres de la Europa del Este". Siguiendo informes de la Organización Mundial para la Inmigración, Cerrano está convencida de que la trata de personas no sería posible sin la connivencia de agentes de las fuerzas de seguridad. Fenómeno, señala, que se agrava teniendo en cuenta la escasa atención del resto de los aparatos estatales. "Los defensores oficiales están repletos de trabajo. Pero la trata de personas es de una magnitud tal, que debería haber defensores específicos para estos casos. Por otro lado, a las 70 mujeres que se las ha rescatado de la explotación sexual. ¿Qué tipo de asistencia se les ha brindado?.

Fuente: Nuevo Diario de Salta

Nota publicada en 2007

Reglamentación "progresista" del aborto

POR DETRAS DEL CODIGO PENAL DE 1922

El kirchnerismo y sus aliados plantean como un avance la reglamentación de los abortos no punibles. La Campaña por el Aborto Legal también aplaude estas nuevas trabas a derechos reconocidos desde 1922 por el Código Penal. La Campaña llamó indirectamente a votar a Filmus porque “los inquisidores de siempre se sienten alentados por el triunfo de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, que si se mantiene en la segunda vuelta hará toda una ofensiva contra nuestros derechos” (13/6).
El Congreso discute –ya lo aprobó la Comisión de Salud– una re-reglamentación presentada por Juliana Marino (K) y Silvia Augsburger (del PS). Sin tanto aspaviento, Solá en marzo y Telerman en mayo reglamentaron los abortos no punibles por vía administrativa y el Concejo Deliberante de Rosario lo hizo la semana pasada. Todos fijan algún plazo para la intervención no superior a quince días y ordenan que los abortos se practiquen “sin la exigencia de autorización judicial”.
Precioso. El detalle es que el Código no exige autorización judicial. Por eso este tipo de aborto se practica sin problemas en la medicina privada. En la salud pública, en cambio, “es habitual que los médicos se nieguen a realizarlos sin la venia de un magistrado”, porque el Estado ha cedido el control de los comités de ética y de las jefaturas de obstetricia y ginecología a las camarillas de la Curia. Lo mismo pasa en los servicios de violencia pediátricos y los tribunales del menor y la familia. Los agentes clericales a sueldo del Estado amenazan a los profesionales con bloquearles la matrícula.
Un paso adelante, dos atrás
La re-reglamentación muestra la decisión de no avanzar en la despenalización del aborto. Pero además, la idea de que amedrente a la Curia es ridícula. ¿Por qué los que violan el artículo 86 respetarían su articulado? No es un asunto de ineficacia. Para no confrontar con la Iglesia, las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las garantías establecidas el art. 86, agregando condiciones incumplibles en un sistema de salud desmantelado.
Veamos: el art. 86 dice que no es punible “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta” si 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En este caso, el representante legal debe dar su consentimiento.
Ni autorización judicial, ni denuncia de la violación, ni objeción de conciencia. Sólo el diagnóstico médico y el consentimiento de la gestante. El proyecto y las ordenanzas ya aprobadas, en cambio, fijan “nuevos procedimientos”. Por ejemplo, en el caso de “peligro de vida” (art. 2) se exige su fundamentación “mediante los estudios de diagnóstico pertinentes”. Y en el de “peligro para la salud” (art. 3), que lo fundamente todo un “equipo interdisciplinario mediante los estudios de diagnóstico pertinentes”. ¡Todo un equipo disciplinario en hospitales que no tienen ni anestesista! En el sistema de salud público porteño hay sólo un tomógrafo cada 65.000 personas; en el Conurbano hay nueve para más de 3.500.000. “Hay espacios de más de un millón de habitantes que no cuentan con tomógrafo y varias semanas de 2006 y de 2007 funcionaron sólo dos o tres equipos” (La Nación, 29/5). La situación es peor en el interior. ¿Cuánto van a tardar en reunir “un equipo interdisciplinario” o en hacer “los estudios de diagnóstico”?
Marino y Augsberger se jactan de ampliar la no punibilidad a toda violación. ¡Pero eso está en el Código desde 1922! Hay jurisprudencia, la última de la Cámara Civil de Mar del Plata (Página/12, 5/3). Pero exigen la “constancia de la denuncia policial o trámite judicial”, dejando a la víctima en manos de jueces y policías. También “amplían” en los casos de “feto inviable” (ahora incluidos en “peligro para la salud”). Pero “la inviabilidad del feto debe ser indubitablemente comprobada”. In-du-bi-ta-ble-men-te.
Todos los proyectos permiten la objeción de conciencia, una concesión que vuelve a dejar a los médicos a merced de las presiones de las camarillas.
La Iglesia tomó nota de estos timoratos y salió a doblar la apuesta. En principio, está tratando de que se postergue el tratamiento legislativo del proyecto “a través de sugerencias por escrito a los diputados. Los representantes de la Cámara Baja esta vez prestaron especial atención al planteo episcopal. A esto se sumó un llamado de la Casa Rosada al presidente de la Cámara de Diputados para congelar por un tiempo el tratamiento de la iniciativa” (DyN, 15/6). Si esto no prospera, un documento de la Conferencia Episcopal adelanta un planteo de inconstitucionalidad (La Nación, 4 y 11/6) porque “no existe” en la legislación “derecho a causar la muerte de los propios hijos” ni se puede “excluir del control de los jueces el estudio de un caso en el que se ponga en juego el derecho a la vida” (La Nación, 11/6). Un coro de obispos y voceros de la Curia (La Nación, Carlos Menem y el ex ministro Barra) han comenzado, ellos sí, una campaña. José Arancedo, arzobispo de Santa Fe, pidió “un reconocimiento como defensoras de la vida” a las autoridades del Hospital Iturraspe, las que se negaron a tratar el cáncer a Ana María Acevedo porque obligaba a interrumpir su embarazo.
Pero la horrible realidad no da sosiego. El gobierno dice que el 80% de las mujeres accede a métodos anticonceptivos; sin embargo, entre los ocho menores muertos por el incendio del vagón en Córdoba había dos niñas madres, de 13 y 14 años, y sus hijos. A ellas no llegaron los anticonceptivos. El gobierno asegura que la pastilla del día después se entrega en los hospitales, pero le negaron, primero la pastilla y después el derecho a abortar, a una menor jujeña violada.
El octubre es el Encuentro de Mujeres de Córdoba. Allí estaremos las luchadoras y también las que arrogándose la representación del movimiento de mujeres son habitués de los actos oficiales, avalan su política criminal y hacen campaña para el gobierno. Por eso se niegan a que votemos y a que los talleres del Encuentro se conviertan en asambleas resolutivas. Hay que denunciarlas como agentes de un gobierno que entregó la política sexual y reproductiva a la Curia y avanzar en un plan de lucha por el aborto legal, en defensa de la vida de las mujeres.

Olga Cristóbal 

 

Nota publicada en Prensa Obrera Nº 998 de 2007

Las modificaciones introducidas en estos días a la guía de Ginés González García dan la razón a las críticas que el PO y el Plenario de Trabajadoras realizamos en soledad hace tres años atrás. Para terminar con la penetración oscurantista, separación de la iglesia del estado, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Plenario de Trabajadoras