jueves, 28 de junio de 2012

JUICIO POR MARITA VERÓN

http://po.org.ar/po1228/2012/06/28/la-asociacion-mafiosa-de-la-policia-y-los-jueces/

LA ASOCIACIÓN MAFIOSA DE LA POLICÍA Y LOS JUECES
   En la declaración del ex comisario Jorge Tobar ante el tribunal que juzga a los trece imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de María de los Angeles “Marita” Verón, volvió a evidenciarse el alevoso vínculo entre el aparato represivo y la trata de personas.
   Tobar contó que luego de afirmar en un reportaje en Página/12 que “en la Argentina las mujeres se venden como ganado”, el entonces jefe de policía, Hugo Sánchez, lo sancionó. “Me había ordenado verbalmente que no diera entrevistas. Esa nota hizo que iniciara las actuaciones, que luego elevó a tribunales para que se vea en qué causa me iban a encuadrar. Fue archivada por falta de mérito”, precisó (La Gaceta, 7/6).
   Tobar conoce bastante la causa: fue designado al frente de la investigación en mayo de 2002, un mes después de la desaparición de la joven. Se desempeñó en ese rol hasta 2004, cuando la causa se elevó a juicio oral. Luego, por pedido de la titular de la Fiscalía de Instrucción VI, Adriana Reinoso Cuello, continuó investigando hasta su retiro, en 2008. Entre 2006 y 2008 estuvo al frente de la División Trata de Personas de la policía de Tucumán.
   La pretensión de Sánchez de sancionarlo no fue lo único de la declaración de Tobar que involucra a la policía provincial. A los cinco días del 3 de abril de 2002 (día en que desapareció Marita), se supo que vecinos de Los Gutiérrez y de La Ramada (pueblos ubicados a 10 y a 30 kilómetros al noreste de la capital tucumana, respectivamente) la habían visto deambular, como drogada, por la zona. Los policías que la “rescataron” en aquella ocasión dijeron que la subieron a un ómnibus que viajaba a San Miguel de Tucumán. “Cambiaron la versión cuando declararon, para zafar de su negligencia. Pedí los informes telefónicos, porque creo que de la comisaría avisaron a alguien que Marita iba a la terminal, para que la levanten allí”, afirmó Tobar ante los jueces (ídem, 5/6). Estos hechos, que involucran directamente a la Policía, implican lo que se conoce como el segundo secuestro de Marita.
   Tobar también denunció a la policía de La Rioja (provincia donde habría estado secuestrada Marita, obligada a ejercer la prostitución). “Cuando allanamos la casa del ‘Chenga’ (José Gómez, uno de los principales imputados), acababan de borrar toda la memoria de la computadora. Un informante manifestó que a Marita la tenía Irma Medina (otra imputada) en su domicilio encerrada y que la llevaba a trabajar en el Candilejas (una de las wisquerías en la que habría estado la joven). Personal de la Dirección General de Investigaciones de La Rioja no quiso recibirme una denuncia”, aseveró (13/6).
   La policía no resultó la única institución salpicada de connivencia con el delito de trata de personas a partir de las declaraciones de Tobar: de sus palabras se desprende que varios organismos del Estado asfaltaron el camino para la desaparición de Marita. De tres fuentes distintas, Tobar recibió la versión de que la joven permaneció cautiva en España durante algún tiempo. Una de estas fuentes daba cuenta de que, en septiembre de 2003, Ramona Alcaraz la había llevado, junto a otras dos mujeres. Según su relato, Tobar se dirigió a Migraciones para determinar si en los registros figuraba la posible salida del país de Marita. En la oficina, en efecto, están registrados la salida y el regreso de Alcaraz, así como de varios homónimos de Marita, que fueron descartados tras comprobarse que no se trataba de la joven. “Se llegó a la conclusión de que si (Marita) fue sacada del país, es posible que haya sido con documentación falsa”, indicó Tobar al tribunal (21/6).
   En medio de este nuevo testimonio, que vuelve a demostrar la imposibilidad de que se cometa el delito de trata de personas sin el visto bueno policial, Susana Trimarco -la mamá de Marita- se despachó contra los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, quienes están llevando adelante el proceso. “Estos delincuentes presentan estrategias sucias y los jueces se dejan dominar. No están acostumbrados a trabajar, con semejante sueldo que ganan. ¿Cómo van a sesionar tres veces a la semana? Voy a pedir audiencia a la Justicia, porque siento vergüenza ajena, todo el mundo me pregunta qué les pasa a estos jueces”, aseveró Trimarco (15/6) en relación a que el proceso sólo se realiza de martes a jueves. Recién el miércoles 27 se conoció que no suspenderían las audiencias durante la feria judicial, ante el rumor que circulaba sobre la posibilidad de que se tomen el receso.
   A la manifiesta complicidad policial en este delito, se están sumando un accionar de los jueces para nada inocente. Con ese modus operandi dilatan un juicio clave y ponen paños fríos en la causa, con el objetivo de que la sociedad se relaje. Frente a ello, resulta imperativo mantener vivas las denuncias y la movilización popular para que efectivamente se lleve adelante a fondo el juicio y se aplique la máxima condena a todos los imputados. Sería un buen punto de partida para continuar la lucha, con el fin de avanzar en la tarea de desmantelar los aparatos represivos y las redes de trata de personas.
Sebastián @sumoralylamia

LIBERARON A ROMINA TEJERINA

http://po.org.ar/po1228/2012/06/28/liberaron-a-romina-tejerina/





El domingo 24 de junio fue liberada Romina Tejerina. El caso se hizo conocido porque el movimiento de mujeres de todo el país, por medio de los Encuentros Nacionales de Mujeres, tomó en sus manos la defensa de una mujer pobre que apuñaló a la beba recién nacida prematuramente en el baño -bajo un estado de shock psicótico-, porque no había dicho nada sobre su embarazo, que fue producto de una violación. El violador fue rápidamente absuelto, debido a que se trata del hermano de un policía del pueblo, con influencias.
Romina Tejerina fue una víctima de la lucha política contra el aborto legal y del desentendimiento del Estado de todas sus responsabilidades educativas y sobre el derecho al acceso a la salud. Romina no podía saber que habiendo sido violada tenía derecho a practicarse un aborto seguro, porque aún hoy, después del fallo de la Corte, no se practican en su provincia y porque la educación pública allí también está inficionadas por posiciones clericales y políticas reaccionarias que impiden a las mujeres conocer sus derechos para, de ese modo, acceder a estos.
Desde la propia Justicia provincial llegó a naturalizarse, y a justificar el derecho de pernada que existe todavía hoy en el norte argentino.
Romina pagó caro esta campaña: sin ser una asesina, permaneció durante nueve años en la cárcel. Pero durante todo este tiempo permaneció rodeada de familiares, amigos y de miles de mujeres a las que no conoce, pero que tomaron su defensa como emblema de la lucha por los derechos negados a las mujeres.
Vanina Biasi

miércoles, 27 de junio de 2012

LA LEY DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA



 Esta semana tuvo lugar, en una serie de comisiones del Congreso, el debate sobre distintos proyectos de ley de fertilización asistida. La infertilidad es una enfermedad (así fue reconocida por la OMS) que afecta a una de cada seis parejas en edad reproductiva, la que tiene un impacto negativo en la salud física y psíquica de la pareja que la padece. Desde hace 26 años se practican con éxito en nuestro país las técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, durante este más de cuarto de siglo se ha mantenido un vacío legal que estableciera claramente el derecho a la salud de los pacientes infértiles.

   En estos 26 años, sólo quienes lograron costearlos pudieron acceder a los tratamientos -lo que los transformó en un fabuloso negocio para los que lucran con la salud-, mientras que muchos otros perdieron ya su oportunidad de ser padres. En los últimos años se multiplicaron los amparos ante la Justicia para lograr que las obras sociales cubrieran estos tratamientos.

   El año pasado, por primera vez en estos 26 años, llegaron al recinto de Diputados dos dictámenes (uno de mayoría y otro de primera minoría); proyectos que además de establecer el otorgamiento de la cobertura de las técnicas de fertilización asistida, las regulaban -lo que confería seguridad jurídica tanto a los destinatarios de las técnicas como a los médicos y a los científicos que las practican.

   En noviembre de 2011, el dictamen de mayoría sólo fue votado en general y al no tratarse en particular perdió estado parlamentario.

   En 2012 todo recomenzó, de cero.

   El lobby capitalista de la salud, que pretende no ser desalojado de un negocio que ha monopolizado ante la ausencia de cobertura estatal o de las obras sociales, ha empantanado una solución legislativa a la cuestión. Estos sectores están accionando para retrasar la sanción de una ley de fertilización asistida. O para que, en caso de que llegara a sancionarse, por un lado la norma tenga alcances restringidos y, por el otro, sea integrada a una política de tercerización de los tratamientos y, en este marco, el Estado o las obras sociales remuneren lo que, hasta el momento, es costeado por las parejas enfermas más pudientes.

   En las recientes discusiones parlamentarias, el nuevo proyecto consensuado sólo da tratamiento al tema de la cobertura, pero deja de lado cuestiones de fondo como el manejo de los gametos y embriones. Según los diputados que intervinieron en el debate, éstas serán legisladas en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. Que se dejen de lado estas cuestiones revela que se trata de un proyecto claramente armado a medida del lobby clerical y anticipa la fuerte presión que realizará cuando se debata la reforma del mencionado código.

   Por otra parte, si bien el proyecto establece que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y el sistema de salud pública deberán incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de los tratamientos, deja librado a que el Ministerio de Salud de la Nación sea el encargado de establecer “cuáles técnicas y procedimientos serán habilitados”.

   En todos estos años han surgido diversas organizaciones reclamando una legislación. “Sumate a dar Vida” ha alcanzado mayor protagonismo a partir de la realización de diversas convocatorias, como las marchas de “los cochecitos vacíos”. Esta agrupación ha establecido frente al debate legislativo una plataforma de reclamos que contempla (entre otros) que:

   1) Se reconozca la infertilidad como una enfermedad.

   2) Se incluya la infertilidad en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

   3) Se obligue al sistema de salud público, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a cubrir todos los costos en todos aquellos casos en que la aplicación de las técnicas de Reproducción Humana Asistida sea requerida (los estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad; tratamiento y otros estudios requeridos; los procedimientos terapéuticos de Reproducción Humana Asistida de baja y alta complejidad, incluyendo aquellos que requieran donación de gametos; la medicación correspondiente en todos los casos; la criopreservación o vitrificación de los pre-embriones.

  4) Que sean los médicos, en acuerdo con las parejas pacientes, quienes determinen el mejor procedimiento y tratamientos para dar las soluciones requeridas.

Alejandra del Castillo (Plenario de Trabajadoras)

LIBERARON A ROMINA TEJERINA A 9 AÑOS DE ESTAR DETENIDA

Saludamos su libertad, repudiamos su injusta detención y el fallo por la cual se la condenó.

http://www.eltribuno.info/salta/173225-En-el-dia-de-su-cumpleanos-liberaron-a-Romina-Tejerina-.note.aspx?origen=metarefresh

Liberaron a Romina Tejerina, en su cumpleaños

24.06.12 En 2003, la joven mató a puñaladas a su beba, que nació producto de una violación.

  • Liberaron a Romina Tejerina, en su cumpleaños
Liberaron a Romina Tejerina, en su cumpleaños1/


Esta mañana, en el día de su cumpleaños, fue liberada Romina Tejerina, la joven que en 2003 mató a su beba, que nació producto de una violación.
Luego de cumplir los dos tercios de su condena esta mañana fue liberada Tejerina. Romina salió del penal acompañada de su hermana Mirta Tejerina, en el día de su cumpleaños, desde el penal de San Salvador de Jujuy.
El caso
La joven Romina Tejerina mató a puñaladas a su hija recién nacida el 23 de febrero de 2003. Ese día dio a luz a la pequeña en el inodoro del baño de la casa, en la que vivía con otras dos hermanas, y luego puso a la criatura en una caja de cartón con tapa y le aplicó alrededor de veinte puñaladas.
Aún con vida, la bebé fue llevada al Hospital Guillermo Paterson, donde finalmente falleció.
La Fiscalía había reclamado la prisión perpetua, mientras que la defensa había solicitado la absolución de la joven.
Luego de conocido el veredicto, el abogado Fernando Molinas consideró “un adelanto” que el tribunal oral que juzgó a la joven, “después de tres años, reconoció circunstancias extraordinarias de atenuación” en el homicidio agravado por el vínculo de la beba recién nacida.
La niña había sido producto de una violación, cuyo autor jamás fue condenado.

DERECHO AL ABORTO: El fallo de la Corte tampoco se cumple en La Pampa

http://po.org.ar/po1226/2012/06/14/derecho-al-aborto-el-fallo-de-la-corte-tampoco-se-cumple-la-pampa/


  El tan celebrado fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible no tiene efectos concretos en la provincia de La Pampa. Recordemos que el fallo simplemente ratifica lo que en la Argentina es ley desde 1921. El Código Penal despenaliza los abortos en el caso de que el embarazo haya sido el fruto de una violación. Es importante destacar que la Corte establece que la sola declaración jurada de la mujer alcanza para acceder a la práctica del aborto.

   Pero, ¿qué pasa en la realidad, por ejemplo, en la provincia de La Pampa?

   El diario La Arena, de dicha provincia publica, el 4 de junio que “esta semana se conoció que nueve médicos del Hospital Gobernador Centeno, en General Pico, se niegan a aplicar el protocolo para los abortos no punibles producto de la violación de la madre aduciendo “cuestiones de conciencia”. Esto significa, en los hechos, que en esa ciudad no se pueda poner en práctica la interrupción de embarazos producto de un abuso, si bien desde el Ministerio de Salud se aseguró que se va a cumplir con la ley. Y agrega: “la objeción de conciencia es un derecho para los profesionales que por causas religiosas o éticas no quieran practicar estas intervenciones. La ley la contempla, pero su uso ha sido utilizado también como una manera de frenar la implementación de los protocolos en varios puntos del país. Algunos, como se dijo, por cuestiones dogmáticas frente a un derecho de la mujer víctima de violación, pero también hay médicos que dicen temer la desprotección legal en la que podrían quedar incursos ante la práctica en casos dudosos o si la ley tiene huecos que pudieran comprometer su carrera”.

   Si bien la nota periodística sugiere que intereses económicos podrían estar encubriéndose bajo la objeción de conciencia o el temor a la desprotección del profesional, no plantea que los funcionarios de los hospitales y los jefes de servicios, particularmente de ginecología, han sido designados por el poder político con la anuencia del poder clerical.

   La Pampa no es una excepción. En el Hospital Iturraspe de Santa Fe se dejó morir a Ana María Acevedo por la misma situación. En el Hospital Notti, de Mendoza se obstaculizaron varios casos de estas características. También en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, en Rosario se negó en febrero a cumplir la letra del artículo 86 del Código Penal.

   Anticoncepción gratuita para no abortar; aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Elena Florin